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La Casación 03158-2022-LIMA, emitida el 18 de agosto de 2023, ha señalado que no existe materia controvertida cuando el contribuyente presenta una declaración rectificatoria que recoge las observaciones formuladas por el inspector en el marco de un procedimiento de fiscalización, por lo que el primero no puede cuestionar posteriormente los valores emitidos por la administración tributaria al concluir dicho procedimiento (en los que no se consignan reparos) con miras a revertir los efectos de la liquidación de impuestos efectuada.

La SUNAT implementa sección específica en su portal web para que los contribuyentes comuniquen a la Administración Tributaria la destrucción de existencias que realizarán en calidad de desmedros, requisito obligatorio en el proceso de deducción de pérdidas asociadas a tales deterioros para fines de la determinación del Impuesto a la Renta.

Mediante la Casación Nro. 8380-2021, la Corte Suprema ha establecido un precedente vinculante respecto de la oportunidad en la que resulta exigible el Certificado de Residencia requerido por las normas internas para poder acceder a los beneficios de los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI) suscritos por el Perú, señalando que determinadas formalidades exceden lo pactado en el CDI, contraviniendo principios constitucionales.

Aspectos destacados de las modificaciones introducidas a las normas que regulan el Impuesto a la Renta tras la eliminación de la tasa LIBOR del mercado financiero, con incidencia en empresas que otorgan préstamos a terceros o que reciben financiamientos de terceros no domiciliados.

El 01 de julio comenzó a regir la obligación de un primer grupo de contribuyentes de llevar el Registro de Ventas e Ingresos Electrónico y el Registro de Compras Electrónico a través del Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE). La Administración Tributaria (SUNAT) buscaría facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con el llevado de dichos libros, poniendo a disposición de los contribuyentes una propuesta de ambos registros, en base a la información con la que cuenta de los comprobantes electrónicos que se emiten en el territorio nacional, que pueda ser modificada o reemplazada en forma previa a su envío final conforme al cronograma de presentación aplicable.

Modificaciones a la Ley del RUC determinan que a partir del 1 de julio de 2023 exista la obligación de indicar el número de RUC y denominación o razón social al ofertar bienes y/o servicios por medios físicos, así como a través de plataformas digitales de comercio electrónico, redes sociales, páginas web, correos publicitarios, aplicaciones móviles, entre otros.