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El 31 de octubre de 2019 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto de Urgencia No. 010-2019, mediante el cual el Poder Ejecutivo modifica, con efecto a partir del 1 de enero de 2020, los porcentajes, límites y plazos de los beneficios tributarios en materia de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológicos (“I+D+i”) que la Ley No. 30309 introdujo en nuestro ordenamiento en el año 2015; prorrogándolos además hasta el ejercicio 2022 (inicialmente debían vencer en el año 2019).

Con fecha 14 de febrero de 2020, se ha publicado en el portal de la Administración Tributaria (“SUNAT”) el Informe N° 193-2019-SUNAT/7T0000 (“el nuevo Informe”), de fecha 13 de diciembre de 2019, en el que se desarrolla un nuevo criterio de interpretación respecto a las implicancias tributarias derivadas del reconocimiento contable del crédito mercantil negativo (“badwill). Como resultado, la SUNAT concluye que el badwill no genera renta gravada con el Impuesto a la Renta, dejando así sin efecto el criterio precedente contenido en el Informe N° 302-2003-SUNAT/2B0000.

Con fecha 15 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, dispositivo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

A fin de reforzar los objetivos trazados bajo el Estado de Emergencia Nacional, se dictaron una serie de medidas adicionales complementarias. Seguidamente presentamos una relación de los dispositivos legales de mayor relevancia:

Mediante Informe Nº 013-2020-SUNAT/7T0000, de fecha 31 de enero de 2020, la Administración Tributaria (“SUNAT”) ha precisado que, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1420, la emisión de la Constancia de Recepción de los libros y/o registros electrónicos fuera de los plazos establecidos por la SUNAT configura la comisión de la infracción tipificada en el numeral 10 del Artículo 175 del Código Tributario.

El Poder Judicial, mediante sentencia de Casación N° 3297-2016, expedida con fecha 31 de octubre de 2017 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de diciembre de 2019, ha concluido que la Administración Tributaria (“SUNAT”) se encuentra facultada para requerir información y “corregir” errores detectados en períodos prescritos, a fin de que el monto del impuesto a pagar de un período no prescrito refleje la verdadera obligación tributaria. Así, en ausencia de “determinación” o “cobro” de la obligación tributaria prescrita, la SUNAT no estaría trasgrediendo las reglas de prescripción previstas en el Código Tributario. Rafael Varela, Gerente de Tax en Mazars Perú, comenta al respecto en el presente artículo.

Mediante Informe N°011-2020, de fecha 31 de enero de 2020, la SUNAT ha expedido el siguiente criterio de interpretación sobre la calificación como exportación, para fines del Impuesto General a las Ventas (“IGV”), de ciertos servicios de soporte prestados por empresas domiciliadas en favor de empresas no domiciliadas, vinculados con la venta de productos en el exterior.