Insolvencia empresarial: régimen reglamentario

Transcurridos 16 años de entrada en escena de nuestro actual marco normativo de insolvencia empresarial a través de la Ley 1116 de 2006, debe tenerse en cuenta, tal y como señala Rodríguez (2019), que “la efusividad con que el Gobierno Nacional ha ejercido la facultad reglamentaria ha dado lugar a que se registren de manera constante y frecuente nuevas regulaciones… las cuales exceden tanto en número como en contenido a las previstas en el estatuto concursal…” (p. 61) [1].

Sumado a lo señalado, la Ley 1116 de 2006 fue complementada con nuevos instrumentos excepcionales y transitorios con ocasión de la pandemia del Covid-19, en los términos de los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, actualmente vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023 [2], los cuales también han sido objeto de reglamentación por el Ejecutivo.

En este orden de cosas, la interpretación del referido compendio normativo debe armonizarse con el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno [3], cuya función, según la Corte Constitucional, es “… la producción de un acto administrativo que hace real el enunciado abstracto de la ley... [para] encauzarla hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real. Tal facultad se concreta en la expedición de las normas de carácter general que sean necesarias para la cumplida ejecución de la ley” [4].

Precisado lo anterior, como desarrollo de la política de simplificación normativa promovida desde el Consejo Superior de Política Económica y Social (Conpes 3816 de 2014), es importante poner de presente los denominados decretos únicos reglamentarios, por medio de los cuales “se incorporan en un solo cuerpo normativo las disposiciones de carácter reglamentario vigentes, de competencia de los sectores de la administración pública nacional, con el objetivo de permitir un mejor conocimiento del derecho y tener certeza sobre la vigencia de las normas, en aras de facilitar a  los  ciudadanos  y  las  autoridades  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  el cabal  cumplimiento  de  sus  deberes” [5]. 

De esta forma, en materia de insolvencia empresarial la mayoría de los decretos reglamentarios de la Ley 1116 de 2006 quedaron compilados en el Decreto 1074 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”; el cual, a su vez, ha venido siendo adicionado o modificado en esta materia:

Fuente: Elaboración propia.

Decretos promulgados antes de 2015

De conformidad con lo señalado, entre el 27 de diciembre de 2006, fecha de sanción de la Ley 1116, y el 26 de mayo de 2015, fecha de expedición del Decreto 1074, fueron emitidos decretos reglamentarios del régimen de insolvencia empresarial, actualmente compilados en el anotado decreto único y otros, así:

Fuente: Elaboración propia.

Decretos promulgados después de 2015

Ahora bien, después de la referida compilación, el régimen de insolvencia empresarial ha seguido siendo objeto de reglamentación vía adición o modificación:

Fuente: Elaboración propia.

Decretos promulgados con ocasión del Covid-19

El régimen reglamentario continúa. En efecto, como se señaló al inicio, con ocasión de la pandemia del Covid-19 fueron decretados dos estados de emergencia económica, social y ecológica [6], frente a los cuales fueron dictados sendos decretos legislativos en materia de procesos de insolvencia, los cuales a su vez fueron reglamentados así:

 Fuente: Elaboración propia.

Superintendencia de Sociedades

Podría pensarse que el régimen reglamentario de la insolvencia empresarial termina aquí, pero no. El Superintendente de Sociedades en punto del régimen jurídico de los auxiliares de justicia, de conformidad con la facultad para expedir los actos administrativos que le corresponden como jefe de la Superintendencia de Sociedades [7], ha expedido las siguientes resoluciones sobre la materia:

Como pasa de verse y según se anticipó, el régimen de insolvencia empresarial colombiano es bastante amplio, lo cual se explica en un activo ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Gobierno, procurando la materialización de la ley y la consecución del bienestar colectivo; no siendo procedente ampliar, restringir, modificar o contrariar la norma promulgada por el legislador, así como tampoco restringir o imposibilitar la realización de los fines perseguidos por esta.

Fuentes:

[*] Por Carlos Andrés Arcila Salazar. Gerente de Legal en Mazars Colombia. Abogado de la Universidad Libre, Pereira. Magister en Derecho Empresarial de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali; y Doctorando en Derecho en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C.

[1] Rodríguez Espitia, J. J. (2019). Nuevo régimen de insolvencia. Universidad Externado de Colombia.

[2] Ley 2277 de 2022, artículo 96.

[3] Constitución Política de la República de Colombia, artículo 189, numeral 11.

[4] Corte Constitucional, Sentencia C-810 de 2014, la cual recoge, entre otras, las Sentencias C-805 de 2001 y C-228 de 1993.

[5] https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/decretosUnicos.html

[6] Constitución Política de la República de Colombia, artículo 2015. Ver Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020.

[7] Decreto 1023 de 2012, artículo 8, numeral 15. Este decreto reglamentario que modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades fue derogado por el Decreto 1736 de 2020, el cual, a su vez, trata sobre la misma temática.

[8] https://www.mincit.gov.co/normatividad/proyectos-de-normatividad/proyectos-de-decreto-2023