Iglesias e impuestos; les llegó la hora

El mundo cambió de un momento a otro por causa del Covid-19. Los planes de todos cambiaron; los de los individuos, los de las familias, los de las empresas, los del Estado. Colombia entra en una etapa crítica pues está paralizada, sus habitantes haciendo cuarentena obligatoria en sus casas, la industria frenada (salvo aquella de productos de primera necesidad) y el Estado necesitando urgentemente -entre otros- recursos para poder adquirir equipos médicos nuevos (ventiladores, respiradores, mascarillas, tapabocas, kits de protección a médicos) para sortear el desbordamiento hospitalario que se viene.

Según información recibida, Colombia tiene alrededor de 600 o 700 ventiladores, mientras que Estados Unidos tiene 160.000 (y va a necesitar 800.000 más). En Colombia (según Rafael Nieto en El Colombiano) hay 15 camas hospitalarias y veinte médicos por cada 10.000 habitantes, y ahora deben empezar a adecuar hospitales de campaña y hoteles para atención médica, por lo que necesitan urgentemente recursos para ello.

Estos recursos no pueden salir de nuevos impuestos a la empresa privada, pues esta está claramente en riesgo de extinción. Tampoco pueden salir de nuevos impuestos a las personas o los individuos, pues estos están contando sus pesos para poder comer y sobrevivir durante estos meses que vienen.

Entonces toca mirar otras instituciones que puedan entrar a contribuir y a aportar recursos frescos para la salud y que sean diferentes a las personas y a las empresas, y para tal ejemplo, en un país laico, nadie mejor que las iglesias.

Desde la expedición de la Ley 20 de 1974, que aprobó el Concordato del Estado Colombiano con El Vaticano, la Iglesia Católica ha sido considerada como no contribuyente, tanto en renta como en otros impuestos. Esta condición fiscal ha sido extendida al resto de las Iglesias y confesiones religiosas por la Corte Constitucional, a través de varias sentencias. Según la Revista Semana, a 2015, en Colombia existían 5.209 iglesias cuyo patrimonio, en el año 2013, fue cercano a los $9,7 billones con ingresos cercanos a los $4 billones. Hoy, a 2020, estas cifras deben haberse duplicado. Solo en Medellín, por ejemplo (según Bluradio), “se recaudan 1,4 billones de predios que tributan el predial, entre tanto, hay 397 propiedades que no pagan el impuesto por ser iglesias o seminarios”.

Nadie niega que muchas Iglesias estén prestando sus labores y buenos oficios en la presente situación de calamidad, pero también han circulado en redes sociales solicitudes de pastores pidiendo no cesar los diezmos para efectos de poder ser protegidos contra el Covid-19, lo cual es vergonzoso. Aparte de todo ello, es necesario que las Iglesias contribuyan al Estado pagando un impuesto sobre su renta (o ingresos), sobre su patrimonio, sobre sus activos en el exterior y pagando el impuesto predial sobre sus propiedades para efectos de poder utilizar tales recursos para dotar la red hospitalaria colombiana.

Esto puede hacerse, según el artículo 215 de la Constitución Política, mediante la expedición de un decreto con fuerza de ley que cree este impuesto destinado exclusivamente a conjurar la crisis. El hecho de que el Concordato esté vigente no es óbice para ello, pues tal tratado no versa sobre derechos humanos y por lo tanto no hace parte del bloque de constitucionalidad.